La lengua en las políticas de aldea
Resulta incompresible que en el siglo XXI, en un mundo que tiende a la globalización, existan Comunidades Autónomas que quieran relegar el español como lengua vehicular e incluso catalogarla como “lengua extranjera”. No se dan cuenta del daño que hacen a sus ciudadanos. Son tan tercos que prefieren quedarse sin médicos o policías a contratar profesionales que no hablan la lengua del terruño. El gobierno balear, por ejemplo, tuvo este verano su baño de realidad cuando aceptó de mil amores a los militares de la UME y a los bomberos peninsulares que acudieron en su ayuda en el desastre de Sant Llorenç. O cuando se encontró en Ibiza con una desbandada de personal sanitario con la isla llena hasta la bandera. Así, favoreciendo el turismo.
Claro que las lenguas regionales son un tesoro que se ha de conservar pero no en detrimento del español. Me gustaría que estos políticos contumaces con la lengua de Cervantes, hablada hoy por 577 millones de ciudadanos en el mundo, que está en alza en países como China, Alemania o Inglaterra, nos citaran sólo uno en donde la gente se despepita por aprender catalán, euskera, gallego, valenciano, el bable o la fabla (los de Uesca, sin hache). El ciudadano del mundo se mueve con una gran dosis de pragmatismo: para qué invertir tiempo en aprender algo que no me servirá para nada. Si me esfuerzo será para poder entenderme con más de quinientos millones de congéneres, no con poblaciones de número insignificante en el contexto universal. Por favor, señores políticos de ciertos territorios: háganselo mirar. Agustín del Pino. Madrid.
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